Aunque el viejo y recordado tango de
Carlos Gardel afirma que “Veinte años no es nada”, a los venezolanos de este
siglo XXI se nos antoja que, en verdad, 17 años de “Revolución Bolivariana” han
sido mucho, pero muchísimo.
En 1999, tras el resonante triunfo de
Hugo Chávez en las elecciones de diciembre del año anterior, el gobierno se
inició con un robusto respaldo popular que le permitió, sin mayor resistencia,
derogar la Constitución de 1961 y convocar a su Asamblea Constituyente para
aprobar, con una escuálida asistencia de votantes y en medio de la mayor
tragedia humana que ha vivido la Venezuela contemporánea, el texto
constitucional hoy en vigencia.
Muy corta fue la luna de miel con el
país y con los diversos segmentos de la sociedad civil que con tanto entusiasmo
apostaron a la “Tercera Vía” ofrecida por el presidente. No tardaron en
anunciarse las primeras 49 leyes que comprometían la propiedad de la tierra y
el libre desenvolvimiento de la economía. Surgieron las primeras disidencias.
Figuras como Jorge Olavarría, el
filósofo Ernesto Mayz Vallenilla, Carmen Ramia y Alfredo Peña, entre otros, se
distanciaron del gobierno y de la línea chavista, a todas luces distinta a su
oferta electoral de 1998.
Con la vigencia de la nueva
constitución el país sintió un cambio radical de nomenclatura: desde el nombre
de la república, desde entonces “bolivariana”, pasando por el de los poderes
públicos, que de Congreso pasó a Asamblea y de Corte cambió a Tribunal, la autodenominada
Revolución Bonita arrancó, “a paso de vencedores” la reconfiguración nacional.
Como si la Providencia fuera
chavista, a partir del 99 los precios petroleros experimentaron una
espectacular alza que en algún momento alcanzó a más de 120 dólares por barril
criollo. De una austeridad franciscana, forzada por un barril a siete dólares,
habíamos saltado a los tiempos de rumba y jolgorio: se iniciaba un nuevo
capítulo del Festín de Baltazar, al menos para quienes administraban la súbita
riqueza.
A la par de recibir la multimillonaria
cascada de recursos, el gobierno, ahito de poder y de plata, se mostró en su
verdadera naturaleza, la que ya algunos habían sospechado desde el 4 de febrero
y el 27 de noviembre de 1992: arrancaba el tránsito hacia el socialismo
bolivariano.
Desde luego que vastos sectores de
la sociedad venezolana no podían ver con simpatía lo que se anunciaba: Ley de
Tierras que justifica las expropiaciones; Decreto 1011 que interviene al
sistema educativo; Importación de médicos cubanos en desmedro de los nativos...
y de una vez, la creación y armado de una suerte de “Camisas Pardas” del
fascismo que acá adoptaron el pomposo nombre de “Círculos Bolivarianos” y hoy
se conocen como “Colectivos”.
Como “Quien siembra vientos cosecha tempestades”
los años 2002 y 2003 presenciaron el inicio de una espiral de conflictividad
que tuvo como hitos más relevantes al Golpe de Estado del 11 de abril, que
depuso a Chávez por unas horas, y luego al paro cívico del cual también salió
indemne. Había entonces petrodólares, apoyo internacional y respaldo popular
para superar la contingencia.
Ante el recurso constitucional del
revocatorio, Chávez instrumentó las misiones, con lo cual una cierta porción
del torrente de recursos permeó a los sectores populares que, cual dama fiel a
su hombre “aunque mal pague” lo ratificó en el poder.
Luego del revocatorio no hubo paz. La
oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005 y la Asamblea
se tiñó de rojo para terminar con el desmontaje institucional del país, sin
contrapoderes, salvo algunos medios de comunicación y agónicos sectores de la
sociedad civil.
En 2007 se anunció la estocada final:
una reforma constitucional que daría sustento legal al proyecto estatista del
régimen. Para garantizarse el resultado, se decidió, ese mismo año, el cierre
de las primeras 42 estaciones de radio incómodas y como guinda del coctel, el
de Radio Caracas TV, canal que se constituía en una “piedrita en el zapato”
para el gobierno. Así fuimos a la consulta refrendaria y, para sorpresa de las
élites gobernantes, la gente negó la propuesta, a pesar de los muchos manejos
numerológicos y de otro orden que hubo para torcer la voluntad popular.
Aún ante la negativa electoral, el
gobierno prosiguió en su plan de transformar al país en el “mar de la
felicidad” que, como una suerte de Tierra Prometida, se venía anunciando ante
el temor, la suspicacia y el rechazo abierto de cada vez más amplios segmentos
de la nación.
En 2009 se inició una etapa de caída
en los precios internacionales del petróleo y afloran los severos desajustes
que a lo largo de la década chavista quebrantaron el aparato productivo
nacional. Un hito relevante y sintomático de la crisis en curso fue el cambio
del sistema monetario y el establecimiento del entonces llamado “Bolívar Fuerte”,
malabarismo mediante el cual mil bolívares anteriores pasaron a ser sólo uno,
que nacía afectado por el germen de la devaluación.
El año 2012 fue electoral y enfrentó
a Chávez con Henrique Capriles. De nuevo el comandante contó con el favor
popular luego de una dura campaña electoral en la cual todos los hilos del
poder estatal y más de 25 mil millones de dólares jugaron del lado del
presidente candidato, como lo confirmaran luego, los exministros Jorge Giordani
y Héctor Navarro.
Suele decirse que perdiendo se gana,
pero este episodio de la política nacional probó que a veces ganando también se
pierde, y lo demostró el desenlace trágico que dio al traste con la vida de
Hugo Chávez, quien afrontó la campaña electoral afectado por un cáncer del cual
mucho se especuló pero que, salvo las apreciaciones de los médicos Salvador
Navarrete y José Rafael Marquina, nunca se tuvo claridad en torno a los
detalles del mal.
El 05 de marzo de 2013 se anunció
oficialmente el fallecimiento del presidente Chávez, por lo cual, luego de las
exequias de estado, el vicepresidente, ahora a la cabeza del Ejecutivo, Nicolás
Maduro, emprendió su campaña electoral cabalgando sobre la imagen y herencia
política del comandante fallecido. Nuevamente Henrique Capriles lo enfrentó y,
en unos reñidos comicios con muy estrechos resultados, Maduro revalidó su
presencia en Miraflores.
El 2014 se inicia con “la salida”,
estrategia de un sector de la oposición que desata las llamadas “guarimbas” por
una parte, y da argumentos al gobierno para agudizar la represión que, de
encubierta pasó a ser abierta y creciente. A la par, los declinantes precios
del crudo, aunados a la conflictividad social y política han configurado un
ambiente de desorden nacional, de crisis permanente y creciente, de
inestabilidad e ingobernabilidad que el gobierno ha querido paliar con más
controles a lo que queda del aparato productivo privado, con la cada vez más
ostensible presencia militar en puestos clave de la administración y con el
argumento retórico de una “Guerra Económica” declarada contra el país.
Ese clima de anarquía, de anomia, se
agrava hoy, en 2016, con la severa crisis institucional que enfrenta a los
poderes públicos y que genera mayor intranquilidad y desasosiego general. Luego
de los resultados electorales de diciembre de 2015, Ejecutivo, Sala
Constitucional del TSJ y Poder Electoral juegan cuadro cerrado contra una
Asamblea Nacional de mayoría opositora cuyas decisiones son sistemáticamente
desconocidas. Y en medio de todo esto, el ciudadano, indefenso y
desesperanzado.
En el plano económico y social, las
cosas no van mejor: la escasez de divisas ha paralizado, aún más, el escuálido
aparato productivo del país. La falta de medicinas ronda, según cifras independientes,
el 90 %; el desabastecimiento alimentario ya genera cotidianas situaciones de
violencia, saqueos y más represión policial y militar. Por otra parte, la
inseguridad incontrolable muestra cifras récord de homicidios y toda suerte de
delitos contra las personas y sus bienes, y, en medio de esto, los aeropuertos
se congestionan con nuestros profesionales y jóvenes recién egresados de las
universidades, huyendo de esta Sodoma y Gomorra en la que nos hemos convertido.
Pero no todos pueden irse. Miles de
ancianos, de mujeres solas o con niños pequeños, discapacitados y hombres
cansados hacen a diario interminables horas de colas en procura de algo de
alimento que muchas veces no llega. Resulta evidente, contra toda cifra oficial
que lo desmienta, que los venezolanos estamos comiendo mucho menos; ya se habla
popularmente de la “dieta de Maduro” para identificar a quienes pierden peso
aceleradamente. En las escuelas los niños se desmayan y, como corolario, al
mejor estilo de África y el Magreb, los venezolanos, por decenas de miles,
desfilamos hacia Colombia y el Brasil en busca de la comida y medicinas que
aquí faltan.
Por estos días, médicos,
nutricionistas y otros voceros científicos alertan en relación a la disminución
de la talla y peso de nuestros niños. Estamos comiendo menos y mal; se habla de
que el venezolano promedio hace hoy en día dos y hasta una comida diaria. Se
disminuye la ingesta de proteínas y desaparecen los lácteos mientras el
gobierno asigna la distribución de alimentos a un sector militar que no puede
autoabastecerse a sí mismo y que, de seguro, atenderá, de preferencia a sus
efectivos. La crisis humanitaria está en pleno desarrollo y no hay forma de
ocultarla. Los CLAP, suerte de konsomoles soviéticos, son un instrumento sectario
para atender a una clientela política cada vez más pequeña e inconforme. En
cada esquina, cada negocio y cada farmacia, la expresión más corriente es “no
hay”.
En este marco de desajuste
institucional y social, el país transita peligrosamente de la anomia a la
anemia, desesperado y presa de una incertidumbre cuya sola esperanza está en el
cambio, en la transformación social y política, en un alto a las mafias con
poder. En este contexto, una propuesta cobra la fuerza de una avalancha: el
revocatorio.
Es claramente evidente que no
podemos continuar así. La opción legal, constitucional, pacífica y electoral es
el referendum revocatorio, ya activado por los ciudadanos. Cualquier otra
aventura es suicida; es condenarnos a la quiebra del país, a continuar el
camino de la anomia a la anemia.
Luis M.
García P.
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