Se agrava el deterioro de la calidad del agua que consumimos (I)

            A pesar de los frecuentes anuncios del Ejecutivo Nacional, de crear el Plan Nacional del Agua, reorientar el trasvase que transfiere agua del Lago de Valencia al embalse Pao-Cachinche, y de las amenazas de la Fiscal General de enjuiciar a quienes hablen del tema, lo que brilla por su ausencia son las obras y los resultados concretos en beneficio de la salud pública. Escasez, racionamiento y mala calidad son las notas distintivas del actual servicio de agua en el país.

Luis M. García P.

            “El agua es vida”, rezaba el slogan del desaparecido Instituto Nacional de Obras Sanitarias INOS, antecesor de lo que hoy conocemos como Hidroven, ente centralizador de las hidrológicas regionales en Venezuela. Para ratificar esta premisa, se realizaron en el país numerosas obras de saneamiento ambiental que incluyeron la construcción de acueductos, plantas potabilizadoras, el Sistema Tuy I, II y III, así como los embalses que permiten el tratamiento del agua cruda para convertirla en un producto industrialmente procesado y saneado que es el agua potable que llega finalmente a nuestras casas.

            Para este propósito, el Estado venezolano efectuó sustantivas inversiones que permitieron superar diversas enfermedades endémicas que padecía nuestra población como la disentería, las fiebres tifoideas, el temible cólera y otras generadas por la ingesta de agua sin el debido tratamiento. Adicionalmente, al líquido servido por nuestros sistemas de distribución se le incorporó una dosis de fluor, con lo cual se contribuía a la prevención de deficiencias dentarias como la caries en la población.

            Todo este esfuerzo de Estado, que se inició en los años 40 de la mano de las exitosas campañas antipalúdicas dirigidas por el doctor Arnoldo Gabaldón, y que se sostuvo durante las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo XX, comenzó a confrontar dificultades a final de los 70 y principios de los 80 en virtud de la confluencia de un conjunto de factores que incluyeron la creciente industrialización del país, particularmente asentada en la región central, así como el incremento sostenido de la población, lo cual condujo a que se rebasaran las capacidades de la infraestructura sanitaria instalada hasta entonces.

            Adicionalmente, y como consecuencia de estos factores, el Lago de Valencia, conocido también como “Los Tacarigua”, que por décadas había venido reduciendo su caudal, comenzó a crecer, producto del vertido de aguas contentivas de desechos industriales, así como del sistema de aguas servidas de la capital carabobeña que fue a dar a él. Todo ello condujo a un crecimiento del volumen de agua del lago, lo cual se constituyó en una real amenaza a urbanismos que se construyeron en las riberas del lago, como los ya célebres La Punta y Mata Redonda, en Aragua, actualmente inundados por el caudal del lago valenciano: todo ello sin contar la presencia de las aguas en el espacio que ocupa el viaducto de La Cabrera, a la salida del túnel homónimo, hoy amenazado por esta situación.

            A causa del crecimiento acelerado del caudal del lago, que ya compromete la seguridad de numerosos asentamientos urbanos, tanto en Aragua como en Carabobo, las autoridades del extinto Ministerio del Ambiente dispusieron el desvío de las aguas del Río Cabriales, principal arteria fluvial de la gran Valencia, para lo que se hizo un trasvase a través del cual una importante porción de aguas residuales se dirigen al embalse Pao-Cachinche, ubicado entre el sur de Carabobo y el norte de Cojedes.

Recrudecen enfermedades gastrointestinales

            No obstante, esta medida ha sido insuficiente y el Lago de Valencia sigue creciendo, por lo cual se ha incrementado el volumen de agua trasvasado al embalse que, por otra parte, sirve como surtidor de agua a las poblaciones de los estados Carabobo, Aragua, Cojedes y parte de Guárico, todo lo cual suma más de tres millones de personas.

            Esta situación se ha venido agravando al punto que las plantas potabilizadoras “Alejo Zuloaga” y “Lucio Baldó Zoules” que filtran y purifican el agua proveniente del embalse Pao-Cachinche se han visto rebasadas en su capacidad procesadora. El embalse, a consecuencia del trasvase, trae del Cabriales y del lago una enorme cantidad de materia orgánica constituida por desechos sólidos, materia fecal, animales muertos, etc. pero, adicionalmente, el caudal bombeado al Pao-Cachinche posee un alto contenido de residuo de metales pesados, vertidos originalmente al lago por las numerosas industrias instaladas en su cuenca. Ante esta alta concentración de elementos químicos contaminantes como plomo, arsénico, aluminio, fósforo y otros, poco puede hacer la cantidad de cloro que se agrega al agua para potabilizarla, al punto de que ya el propio Ministerio del Ambiente, devenido ahora en despacho de Ecosocialismo y Agua, ha admitido que la potabilización del agua del embalse carabobeño “no puede hacerse por métodos convencionales” pero hasta ahora no se emplea ningún otro procedimiento.

            Por supuesto que este preocupante cuadro que amenaza la salud pública y afecta, sólo en principio a más de tres millones de habitantes de la región central del país, ha sido ventilado ampliamente en los diversos medios de comunicación, tanto del centro como del territorio nacional. Desde éstos se han hecho numerosos y sostenidos llamados de atención para que las autoridades competentes adopten medidas que enfrenten las causas que ya, en el presente, generan el malestar de numerosas comunidades que reciben en sus hogares un agua con tono oscuro, sabor salobre o ácido y olor desagradable; pero la solución no parece estar a la vuelta de la esquina. El problema además de grave, es de muy compleja solución y, por el contrario, amenaza con extenderse al resto del país, incluyendo la capital de la república, donde ya se advierten los indicios.

            Debido al exceso del volumen de agua del Lago de Valencia, que tiende a superar la cota de 408 metros como se encuentra en la actualidad para acercarse a la cota máxima de seguridad, estimada en 412 metros, se ha iniciado un bombeo hacia el Valle del Tucutunemo en Aragua y al embalse de Camatagua, que surte al Sistema Tuy que sirve a Caracas. En otras palabras, se disminuye un problema redistribuyéndolo a más regiones. De esta manera, los afectados por la dudosa calidad del agua ascenderían de 3 a 20 millones, pues se incorporarían las poblaciones de la gran Caracas, Miranda y Vargas.

Las voces de alerta

            Ante las constantes denuncias de la población, reflejadas en la prensa del centro y la capital del país, se constituyó en Valencia la Asociación Civil Movimiento por la Calidad del Agua, ONG que agrupa a ingenieros y otros especialistas que han motorizado una campaña informativa en la cual se han involucrado entes como el Colegio de Ingenieros de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la UCV e incluso la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, entre otras.

            En tal sentido, el ingeniero sanitarista Manuel Pérez Rodríguez, miembro fundador del Movimiento por la Calidad del Agua y directivo del Colegio de Ingenieros de Carabobo, ha señalado que “Inexorablemente el lago continuará en ascenso porque en los meses de lluvia la cantidad de agua es infinitamente superior a los 17.400 litros por segundo que pretenden sacar con el incremento del bombeo. Esta decisión tampoco toma en cuenta –afirma Pérez Rodríguez- la capacidad hidráulica de los ríos Patio y Pao, los cuales en verano, vierten un caudal de 1.300 l/seg.  Artificialmente se les han agregado por las aguas servidas de los municipios Naguanagua y Valencia algo más de 6 mil litros por segundo. Imaginen si a esto se le añaden unos 17.400 litros por segundo” Ratifica Pérez Rodríguez.

            Todo parece indicar que los desbordamientos denunciados en la vía Valencia-Güigüe, así como en varios sectores urbanizados de Aragua y Carabobo obedecen a esta circunstancia.

            Pedro Escarrá, expresidente del Instituto para la Conservación del Lago de Valencia, plantea que el aumento del volumen de líquido trasvasado del Lago hacia el Río Pao, estimado en cerca de 18 mil litros por segundo, lo cual triplica el bombeo de la actualidad: 5600 lps, sin el tratamiento adecuado, agravaría la situación precaria de los embalses que surten al Acueducto Regional del Centro y la contaminación en el Pao-Cachinche se extendería a la etapa 2 del Pao-La Balsa que abastece al Estado Aragua.

            Por otra parte, Andrés Perdomo, técnico de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional declaró a un medio de comunicación que “El 75 % del agua que llega a los hogares venezolanos está contaminada” lo que atribuye, entre otros factores, al mínimo mantenimiento que reciben las tuberías que conforman el sistema de distribución del líquido. Para Raquel Hernández, asesora al servicio de la Subcomisión de Aguas de la A.N. se está vertiendo más cloro residual en el Pao-Cachinche a fin de contrarrestar la contaminación por materia orgánica del embalse; no obstante, este exceso expone a la población a contraer otros padecimientos de salud como consecuencia de la ingesta de trihalometanos, que son compuestos químicos volátiles producto de la mezcla del cloro y la materia orgánica, lo cual se constituye en una suerte de veneno de acción lenta que afecta la salud de los ciudadanos. Y a esto debe agregarse la alta concentración no sólo de materia orgánica sino de metales pesados que se mantienen en el líquido.

            En una declaración suministrada en Valencia, el Diputado al Consejo Legislativo de Carabobo, Germán Benedetti, sostuvo que la contaminación del Lago de Valencia obedece, en mayor medida, a las aguas servidas provenientes de Aragua, de la cual unos 3 mil litros por segundo se están enviando, a través del Tucutunemo, a La Mariposa y Camatagua, que sirven a la gran Caracas

            La bióloga Yhilda Paredes afirma que si se iniciara hoy la recuperación del embalse Pao-Cachimche, al menos se requeriría de nueve años para su rehabilitación. Explica Paredes que “por la salinidad, el sulfato de aluminio no cumple su proceso, el cual se inicia con la atracción de partículas en suspensión que forman un grumo, lo que es llamado “coagulación”, y que debe estar seguido por la floculación y sedimentación. Esto no ocurre y el grumo se hace pesado, cae al fondo y se vuelve liviano y pasa entonces a filtración por reboce, y como los filtros no están en buen estado, se va y termina sedimentándose en nuestros hogares”.

            Explica Paredes que “si dejas el agua en un recipiente, en el fondo queda ese sedimento amarillo, cuando éste debería quedar en la planta de potabilización y allí están las partículas que debiéramos retirar para que el agua sea potable. Ahí van las cianobacterias, el aluminio, nitrógeno y fósforo, todos elementos nocivos para nuestra salud”.

            Indica Yhilda Paredes que la consecuencia directa para la salud de los consumidores es que el aluminio residual afecta la parte motriz y el sistema nervioso, mientras que el nitrógeno y el fósforo son nutrientes para el desarrollo de cianobacterias que ocasionan daños a la parte hepática, nerviosa y la piel, en particular la dermis.

            A estas advertencias se suma el resultado del estudio dirigido por la doctora Lorena Benarroch, quien al frente de un equipo médico multidisciplinario logró establecer que la ingesta de agua contentiva de metales pesados añade un peligroso factor de riesgo de autismo en niños, conociéndose ya algunos casos concretos. El citado estudio ha sido expuesto en diversos foros patrocinados por el Colegio de Ingenieros de Venezuela y por sociedades médicas del país.

Venezuela: de la anomia a la anemia

            Aunque el viejo y recordado tango de Carlos Gardel afirma que “Veinte años no es nada”, a los venezolanos de este siglo XXI se nos antoja que, en verdad, 17 años de “Revolución Bolivariana” han sido mucho, pero muchísimo.

            En 1999, tras el resonante triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de diciembre del año anterior, el gobierno se inició con un robusto respaldo popular que le permitió, sin mayor resistencia, derogar la Constitución de 1961 y convocar a su Asamblea Constituyente para aprobar, con una escuálida asistencia de votantes y en medio de la mayor tragedia humana que ha vivido la Venezuela contemporánea, el texto constitucional hoy en vigencia.

            Muy corta fue la luna de miel con el país y con los diversos segmentos de la sociedad civil que con tanto entusiasmo apostaron a la “Tercera Vía” ofrecida por el presidente. No tardaron en anunciarse las primeras 49 leyes que comprometían la propiedad de la tierra y el libre desenvolvimiento de la economía. Surgieron las primeras disidencias.

            Figuras como Jorge Olavarría, el filósofo Ernesto Mayz Vallenilla, Carmen Ramia y Alfredo Peña, entre otros, se distanciaron del gobierno y de la línea chavista, a todas luces distinta a su oferta electoral de 1998.

            Con la vigencia de la nueva constitución el país sintió un cambio radical de nomenclatura: desde el nombre de la república, desde entonces “bolivariana”, pasando por el de los poderes públicos, que de Congreso pasó a Asamblea y de Corte cambió a Tribunal, la autodenominada Revolución Bonita arrancó, “a paso de vencedores” la reconfiguración nacional.

            Como si la Providencia fuera chavista, a partir del 99 los precios petroleros experimentaron una espectacular alza que en algún momento alcanzó a más de 120 dólares por barril criollo. De una austeridad franciscana, forzada por un barril a siete dólares, habíamos saltado a los tiempos de rumba y jolgorio: se iniciaba un nuevo capítulo del Festín de Baltazar, al menos para quienes administraban la súbita riqueza.

            A la par de recibir la multimillonaria cascada de recursos, el gobierno, ahito de poder y de plata, se mostró en su verdadera naturaleza, la que ya algunos habían sospechado desde el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992: arrancaba el tránsito hacia el socialismo bolivariano.

            Desde luego que vastos sectores de la sociedad venezolana no podían ver con simpatía lo que se anunciaba: Ley de Tierras que justifica las expropiaciones; Decreto 1011 que interviene al sistema educativo; Importación de médicos cubanos en desmedro de los nativos... y de una vez, la creación y armado de una suerte de “Camisas Pardas” del fascismo que acá adoptaron el pomposo nombre de “Círculos Bolivarianos” y hoy se conocen como “Colectivos”.

            Como “Quien siembra vientos cosecha tempestades” los años 2002 y 2003 presenciaron el inicio de una espiral de conflictividad que tuvo como hitos más relevantes al Golpe de Estado del 11 de abril, que depuso a Chávez por unas horas, y luego al paro cívico del cual también salió indemne. Había entonces petrodólares, apoyo internacional y respaldo popular para superar la contingencia.

            Ante el recurso constitucional del revocatorio, Chávez instrumentó las misiones, con lo cual una cierta porción del torrente de recursos permeó a los sectores populares que, cual dama fiel a su hombre “aunque mal pague” lo ratificó en el poder.

            Luego del revocatorio no hubo paz. La oposición no participó en las elecciones parlamentarias de 2005 y la Asamblea se tiñó de rojo para terminar con el desmontaje institucional del país, sin contrapoderes, salvo algunos medios de comunicación y agónicos sectores de la sociedad civil.

            En 2007 se anunció la estocada final: una reforma constitucional que daría sustento legal al proyecto estatista del régimen. Para garantizarse el resultado, se decidió, ese mismo año, el cierre de las primeras 42 estaciones de radio incómodas y como guinda del coctel, el de Radio Caracas TV, canal que se constituía en una “piedrita en el zapato” para el gobierno. Así fuimos a la consulta refrendaria y, para sorpresa de las élites gobernantes, la gente negó la propuesta, a pesar de los muchos manejos numerológicos y de otro orden que hubo para torcer la voluntad popular.

            Aún ante la negativa electoral, el gobierno prosiguió en su plan de transformar al país en el “mar de la felicidad” que, como una suerte de Tierra Prometida, se venía anunciando ante el temor, la suspicacia y el rechazo abierto de cada vez más amplios segmentos de la nación.

            En 2009 se inició una etapa de caída en los precios internacionales del petróleo y afloran los severos desajustes que a lo largo de la década chavista quebrantaron el aparato productivo nacional. Un hito relevante y sintomático de la crisis en curso fue el cambio del sistema monetario y el establecimiento del entonces llamado “Bolívar Fuerte”, malabarismo mediante el cual mil bolívares anteriores pasaron a ser sólo uno, que nacía afectado por el germen de la devaluación.

            El año 2012 fue electoral y enfrentó a Chávez con Henrique Capriles. De nuevo el comandante contó con el favor popular luego de una dura campaña electoral en la cual todos los hilos del poder estatal y más de 25 mil millones de dólares jugaron del lado del presidente candidato, como lo confirmaran luego, los exministros Jorge Giordani y Héctor Navarro.

            Suele decirse que perdiendo se gana, pero este episodio de la política nacional probó que a veces ganando también se pierde, y lo demostró el desenlace trágico que dio al traste con la vida de Hugo Chávez, quien afrontó la campaña electoral afectado por un cáncer del cual mucho se especuló pero que, salvo las apreciaciones de los médicos Salvador Navarrete y José Rafael Marquina, nunca se tuvo claridad en torno a los detalles del mal.

            El 05 de marzo de 2013 se anunció oficialmente el fallecimiento del presidente Chávez, por lo cual, luego de las exequias de estado, el vicepresidente, ahora a la cabeza del Ejecutivo, Nicolás Maduro, emprendió su campaña electoral cabalgando sobre la imagen y herencia política del comandante fallecido. Nuevamente Henrique Capriles lo enfrentó y, en unos reñidos comicios con muy estrechos resultados, Maduro revalidó su presencia en Miraflores.

            El 2014 se inicia con “la salida”, estrategia de un sector de la oposición que desata las llamadas “guarimbas” por una parte, y da argumentos al gobierno para agudizar la represión que, de encubierta pasó a ser abierta y creciente. A la par, los declinantes precios del crudo, aunados a la conflictividad social y política han configurado un ambiente de desorden nacional, de crisis permanente y creciente, de inestabilidad e ingobernabilidad que el gobierno ha querido paliar con más controles a lo que queda del aparato productivo privado, con la cada vez más ostensible presencia militar en puestos clave de la administración y con el argumento retórico de una “Guerra Económica” declarada contra el país.

            Ese clima de anarquía, de anomia, se agrava hoy, en 2016, con la severa crisis institucional que enfrenta a los poderes públicos y que genera mayor intranquilidad y desasosiego general. Luego de los resultados electorales de diciembre de 2015, Ejecutivo, Sala Constitucional del TSJ y Poder Electoral juegan cuadro cerrado contra una Asamblea Nacional de mayoría opositora cuyas decisiones son sistemáticamente desconocidas. Y en medio de todo esto, el ciudadano, indefenso y desesperanzado.

            En el plano económico y social, las cosas no van mejor: la escasez de divisas ha paralizado, aún más, el escuálido aparato productivo del país. La falta de medicinas ronda, según cifras independientes, el 90 %; el desabastecimiento alimentario ya genera cotidianas situaciones de violencia, saqueos y más represión policial y militar. Por otra parte, la inseguridad incontrolable muestra cifras récord de homicidios y toda suerte de delitos contra las personas y sus bienes, y, en medio de esto, los aeropuertos se congestionan con nuestros profesionales y jóvenes recién egresados de las universidades, huyendo de esta Sodoma y Gomorra en la que nos hemos convertido.

            Pero no todos pueden irse. Miles de ancianos, de mujeres solas o con niños pequeños, discapacitados y hombres cansados hacen a diario interminables horas de colas en procura de algo de alimento que muchas veces no llega. Resulta evidente, contra toda cifra oficial que lo desmienta, que los venezolanos estamos comiendo mucho menos; ya se habla popularmente de la “dieta de Maduro” para identificar a quienes pierden peso aceleradamente. En las escuelas los niños se desmayan y, como corolario, al mejor estilo de África y el Magreb, los venezolanos, por decenas de miles, desfilamos hacia Colombia y el Brasil en busca de la comida y medicinas que aquí faltan.

            Por estos días, médicos, nutricionistas y otros voceros científicos alertan en relación a la disminución de la talla y peso de nuestros niños. Estamos comiendo menos y mal; se habla de que el venezolano promedio hace hoy en día dos y hasta una comida diaria. Se disminuye la ingesta de proteínas y desaparecen los lácteos mientras el gobierno asigna la distribución de alimentos a un sector militar que no puede autoabastecerse a sí mismo y que, de seguro, atenderá, de preferencia a sus efectivos. La crisis humanitaria está en pleno desarrollo y no hay forma de ocultarla. Los CLAP, suerte de konsomoles soviéticos, son un instrumento sectario para atender a una clientela política cada vez más pequeña e inconforme. En cada esquina, cada negocio y cada farmacia, la expresión más corriente es “no hay”.

            En este marco de desajuste institucional y social, el país transita peligrosamente de la anomia a la anemia, desesperado y presa de una incertidumbre cuya sola esperanza está en el cambio, en la transformación social y política, en un alto a las mafias con poder. En este contexto, una propuesta cobra la fuerza de una avalancha: el revocatorio.

            Es claramente evidente que no podemos continuar así. La opción legal, constitucional, pacífica y electoral es el referendum revocatorio, ya activado por los ciudadanos. Cualquier otra aventura es suicida; es condenarnos a la quiebra del país, a continuar el camino de la anomia a la anemia.

Luis M. García P.

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El derecho al revocatorio

   Recientemente hemos oído al Presidente de la República, en su afán de evadir contarse en un eventual referendum revocatorio a realizarse este 2016, decir que este recurso es una “opción”, con lo cual pretende desestimarlo y presentarlo como un requisito accesorio al cual los ciudadanos podrían tener acceso, pero no supondría la obligación de instrumentación y acatamiento por parte de los poderes públicos: nada más falaz.

    Cuando el extinto Presidente Hugo Chávez presentó su proyecto de constitución ante la Asamblea Nacional Constituyente, allá por los inicios de 1999, anunció igualmente, una plataforma jurídico-institucional que pudiera justificar históricamente, su impaciencia por desplazar del poder a destiempo al gobierno presidio por Carlos Andrés Pérez, lo cual intentó ese 4 de febrero de 1992. La fórmula constitucional para ello se llamó “Referendum Revocatorio”, que, de haber existido en 1992 -diría Chávez- se hubiera activado ahorrándonos el episodio de la intentona de golpe de estado de entonces.

    También los golpistas del 92, luego gobernantes, intentaron otra justificación moral y política a la ruptura de su juramento de emplear las armas sólo para la defensa de la república. Esa norma justificatoria tiene una cifra, y se llama artículo 350.

    Para dar un radical mentís a las elucubraciones presidenciales, es la propia constitución, “la bicha”, como irreverentemente la denominara el comandante presidente, la que establece, desde su título I, referido a los principios fundamentales, en su artículo seis, que “El gobierno de la República... es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. ¿Cuántos de estos principios se cumplen hoy?

    A renglón seguido, el artículo 7 establece que ésta, la constitución, es la norma fundamental y tanto las personas como los poderes públicos están sujetos a ella y, desde luego, a su cumplimiento.

    Más adelante, el artículo 25 fija, de manera palmaria, los límites del poder cuando dispone que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. ¿Qué responsabilidad puede atribuirse entonces a quienes hoy, desde la cúpula de los poderes del Estado torpedean el derecho ciudadano, ya ratificado de convocar un referendum revocatorio?.

    Adicionalmente, el texto constitucional atribuye a los órganos del Poder Público (Art. 62) la obligación de facilitar los mecanismos de participación popular en orden al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.

    Más adelante, y en coherente secuencia, el artículo 70 enumera cada uno de los mecanismos de participación a través del sufragio, entre los que cita el referendo y la revocatoria del mandato, entre otros.

    El artículo 72 es la clara y diáfana norma que en los días que corren algunos intentan obviar: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. Más claro no canta un gallo. Y de seguida, en un capítulo destinado a la figura del referendum popular, el mismo artículo pasa a explicar lo relativo al 20 % y al lapso para la revocatoria que incluye a todos los funcionarios electos, incluso al Presidente de la República.

    Y si la norma constitucional no fuera suficiente, ya el mismo Chávez probó de su propio brebaje cuando, también a regañadientes, debió someterse a un revocatorio cuyos resultados oficiales lo favorecieron, estableciendo así un precedente político y jurídico a esta práctica cívica a la cual hoy se le teme tanto.

    Ahora bien, ¿Qué es el referendum en términos prácticos? Es un examen a la gestión, una evaluación popular al proceso revolucionario que, según sus mentores, ha mejorado sustancialmente la calidad de vida del pueblo, que en la versión de los voceros políticos del chavismo, el país ha avanzado y cuentan con el apoyo de la gente. Si esto es así, entonces, ¿cuál es el miedo?

    El Ejecutivo y el resto de los poderes públicos -salvo la Asamblea Nacional- se han puesto a la defensiva: dicen que estudiaron y se niegan a presentar examen; se atribuyen el apoyo popular y se abstienen de consultarlo, aún en el marco de la democracia participativa y protagónica que también prescribe la Carta Magna. ¿Por qué esta contradicción?

    Es obvio que el asunto no es jurídico, ni tiene relación alguna con el ejercicio de los derechos constitucionales como el revocatorio. En Miraflores leen las encuestas donde el presidente va cuesta abajo irremisiblemente. También, aunque no las difunden los medios oficiales, en el alto gobierno ven y saben de las diarias protestas y movilizaciones que no obedecen a la conspiración, la desestabilización ni algún otro de los clichés oficiales como la guerra económica. En las cúpulas cívico-militares saben que no los quieren y apuestan a la represión generalizada y a la censura a los medios de comunicación.

    Represión en las colas, en la discriminación política en el reparto de alimentos, persecución incluso a la disidencia venida de sus filas, extorsión y hostigamiento a los pocos medios de comunicación independientes que aún guapean, y por supuesto, censura en todas sus formas, por las buenas, las regulares y las malas.

    Todo esto en un marco de insatisfacción creciente, de hambre y de angustia que, en la práctica, constituyen la más explícita invitación al referendum revocatorio que, como los purgantes, ocasionará algunos trastornos, no mayores que los que ahora vivimos, pero nos evitará la tragedia de “remedios milagrosos” que la historia nos enseña que son mucho peores que la enfermedad que ofrecen curar.

Luis M. García P.

TECLA Y PLUMA, OTRA VEZ

Hace unos cuantos años, iniciamos, en un modesto semanario de Caracas, una columna de opinión con este nombre: Tecla y Pluma; allí, en ese espacio, pretendimos expresar nuestras convicciones acerca de ese derecho humano fundamental que es la libertad de expresión, y, a la vez, auscultar, o monitorear, como ahora se dice, el espectro de la opinión pública, los periodistas y, en general, todo aquello que gira en torno al ejercicio de la comunicación en una sociedad que, desde entonces y hasta el presente, afronta un sinnúmero de acechanzas y riesgos.     

Hoy, en el presente, las condiciones sociales, económicas y sobre todo políticas, comprometen muy severamente el ejercicio de este derecho. Premisas como libertad de expresión, de prensa y sus semejantes, pasan en Venezuela por un estrecho callejón de censuras, autocensutra, violencia explícita, extorsiones y... pare usted de contar. Por ello, es, de nuevo, tiempo de hablar, de expresarnos a todo evento, tiempo de Tecla y Pluma, y, por ello, hemos abierto este blog, para compartirlo con todos aquellos que se arriesguen a pensar y decir, simplemente, lo que les da la gana. 

Luis M. García P.