Frente a la constituyente

Luis M. García P.

    El primero de mayo de 2017 fue un primero de mayo distinto. Distinto conforme a la tradición impuesta por la revolución bolivariana, de anunciar aumentos de salario y otras medidas populistas, pues ésto ocurrió el día anterior, y sobre todo, distinto porque fue la fecha escogida por Nicolás Maduro para anunciar la convocatoria a una “Asamblea Constituyente Comunal” como respuesta evidente a los clamores del país que exigen la realización de elecciones como opción de salida a la cada vez más aguda crisis institucional, política y social que sacude hoy por hoy al país.

Gracias a la maniobra fraudulenta de Maduro y
sus aliados la constitución de 1999 es ahora "la moribunda"

En medio de la algarabía generada por el auditorio teletransportado desde los cuatro puntos cardinales de Venezuela hasta la Avenida Bolívar de Caracas, Maduro dió a conocer su idea de convocar, este año, una Asamblea Constituyente. Horas después, esa misma noche, reunió en Miraflores al consejo de ministros y a otro grupo para adelantar detalles del proyecto, firmar el decreto de convocatoria y designar una comisión presidencial, integrada por ministros, parlamentarios y otros abogados -todos chavistas- que tendrá la tarea de confeccionar una suerte de alfombra jurídica que dé piso legal al gobierno de facto cuyas ejecutorias arbitrarias e ilegales ya no caben en el vigente texto constitucional de 1999.

    Resulta claramente evidente que la vigente carta magna, aprobada en referendum hace 17 años, resulta sumamente incómoda a un gobierno abiertamente autoritario, entre otras cosas porque el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pauta, entre otros temas, el control político de los poderes por parte de la Asamblea Nacional, la inmunidad de los parlamentarios, la aprobación de todas las operaciones que supongan contraer deuda pública, la aprobación de los presupuestos anuales de gastos de la nación, etc. Todo lo cual, fijado entre las atribuciones del Poder Legislativo en los artículos 186 al 187, ha desconocido olímpicamente el Ejecutivo Nacional en claro y ostensible desacato a la carta fundamental.

    No conforme con ello, el gobierno subvierte las normas referidas a los estados de excepción y de emergencia económica, pues no sólo argumenta razones falaces para su implantación como la ficticia “guerra económica” sino que lustra sus botas militares con el texto constitucional cuando excede, hasta por cinco veces, el plazo máximo establecido para estos casos que sólo alcanza a 90 días y una sola prórroga por un lapso similar. Todo ello previsto en los artículos 338 y 339 del texto fundamental.

    Hemos llegado a una etapa en la cual resulta difícil encontrar un artículo de la “bicha” que no sea sistemáticamente violado por el régimen: se prohíbe el uso de armas y substancias tóxicas en manifestaciones (art. 68), y no sólo ahogan con gases a marchistas sino agreden a vecinos inocentes en sus casas, enfermos en clínicas y hospitales y niños en las escuelas. La represión como práctica cotidiana.

    Si nos paseamos por los derechos sociales de la población, reconocidos en la CRBV en vigencia, al menos formal, apreciamos que el más importante, el derecho a la vida, está quebrantado masivamente con un promedio superior a 25 mil muertes por homicidios al año; todo ello sin contar a los miles que mueren de mengua en los hospitales, sin vacunas, sin medicamentos y en manos de aprendices de brujo provenientes del exterior. Y eso sin mencionar la desvencijada infraestructura y la carencia y obsolescencia de equipos en los servicios sanitarios.

    Conocido, y sobre todo sufrido es el rebuscado trámite que debe cumplir cada ciudadano para procurarse el alimento. Violando el elemental derecho a la supervivencia, el régimen condiciona el derecho a comer a la suscripción de un “Carnet de la Patria” con el cual se consagra el apartheid político de nuevo cuño y se traslada a la alimentación de la gente que, a altas horas de la noche y luego de horas de espera en cola, recibe cada mes, o mes y medio, su raquítica ración de alimentos regulados, traídos en su mayoría de otros países donde el gobierno promueve la agricultura, la industria y el empleo, en desmedro de los nacionales.

    En el plano económico la violación expresa a la constitución es notable: el irrespeto a la propiedad privada, garantizada en el Art. 115, no sólo de las grandes empresas, sino de modestos emprendimientos familiares cuyo esfuerzo de años se ve truncado por la “toma” o el saqueo de grupos paramilitares que actúan con impunidad y bajo la protección de los cuerpos de seguridad.  La liquidación del valor del Bolívar es incontrovertible: en 1999 un bolívar de antes se cambiaba en Cúcuta por 16 pesos; hoy se necesitan cerca de 1.200 bolívares de antes para comprar un solo peso colombiano. Alguien es responsable por eso.

   Así, en todos los ámbitos, el gobierno vende activos de la nación a empresas foráneas, se endeuda irresponsablemente en el exterior sin autorización del legislativo y concede parte del territorio nacional en concesión desventajosa como en la aventura del llamado “Arco Minero”, sólo por citar estos ejemplos.

    En este marco, una constitución que impone la realización de procesos electorales periódicos y el respeto de los derechos humanos resulta un estorbo para una acción de gobierno caracterizada por el autoritarismo, la represión y el desconocimiento de las leyes. La permanencia en el poder de la casta gobernante requiere una justificación normativa, una nueva constitución prêt-à-porter en la cual el abuso sea legal, la represión sea lícita y las conquistas políticas como la actividad de los partidos y el voto secreto y universal sean proscritos. No obstante, el gobierno sabe y siente su impopularidad y rechazo y, desde luego, no se aventurará a participar en ninguna elección directa. ¿Y entonces?

El parapeto

    Conscientes como están de los niveles de rechazo de que gozan, los jerarcas del régimen recurren a la experiencia política del pasado. Se trata de promover la integración de una asamblea por facciones, “la faccio” ¿recuerdan?. Sí, se trata de convocar una asamblea corporativa y tumultuaria, de fácil manejo y manipulación, integrada no por partidos políticos, ni por academias, ni por universidades, ni por gremios, ni por organismos estudiantiles reconocidos... Nada de eso, allí el gobierno -y lo sabe- sería barrido; por ello recurre a la institucionalidad paralela que ha venido construyendo, animando y financiando, incluso al margen -otra vez- de la constitución.

    De los 500 constituyentistas propuestos por Maduro este 1° de mayo, 250 serían designados por él de forma indirecta. Serían electos de entre los candidatos de las comunas, los consejos comunales, las diversas misiones, los “colectivos”, el movimiento sindical y el escuálido sector estudiantil oficialista. Allí también pretende incorporar los grupos femeninos registrados y censados por Inamujer, así como toda una faunita agrupada en un sinnúmero de células microscópicas a las cuales el régimen aspira dar beligerancia electoral a los fines de sustituir a organizaciones con fines políticos como Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular o la Causa R, por citar algunos.

¿Y dónde se legitiman todos estos microorganismos?, pues en la estructura montada a los efectos por el gobierno, el Ministerio de las Comunas y otras instituciones que no tendrán empacho en formalizar la candidatura de los camaradas aspirantes que participarían en una elección de segundo grado, precisamente como en la Italia corporativa del fascismo del Duce Benito Mussolinni.

    Ahora bien, ¿Es legal o constitucional la convocatoria?. El artículo 347 atribuye al Pueblo de Venezuela el poder constituyente originario. Se refiere al pueblo en su conjunto, sin exclusión ni segmentación y, por otra parte, la mención “Comunal” que cita Maduro no aparece por ningún lado en el texto de ese último capítulo de la Carta Magna referido a la reforma constitucional. Adicionalmente, ya han comenzado a fluir las contradicciones jurídicas. Hermann Escarrá, miembro de la recién nombrada comisión presidencial constituyente, señaló que esta asamblea no haría cambios de fondo a la vigente CRBV, y entonces, si no cambiará en lo fundamental lo que se impone es una reforma, a realizarse por vía parlamentaria y no una constituyente.

    Asimismo, el 347 establece tres propósitos a la Asamblea Constituyente: a.- transformar el Estado; b.- establecer un nuevo marco jurídico, y c.- redactar una nueva constitución. Es decir, no uno, sino tres propósitos unidos, que no han sido expuestos en el proyecto de nueve puntos delineado el primero de mayo.

Por otra parte, si bien es cierto que el 348 atribuye al Presidente de la República la “iniciativa constituyente” corresponde al pueblo en su conjunto validar la convocatoria con sus votos, tema sobre el cual ya hay sobrada jurisprudencia tanto en 1999 como en 2007. Antes de ir a una elección de constituyentistas, es el pueblo, depositario del poder constituyente originario, quien debe convocar y aprobar -si así lo decide- las bases comiciales que fijen las reglas de ese evento.

    Da la impresión que desde el poder y bayoneta en mano se quiere saltar todos estos pasos para imponer la voluntad de cerca de un 10 % de la población por sobre un 90 % adverso o desencantado que hoy día marcha y expone su vida ante la represión generalizada, para hacer escuchar su voz de protesta y exponer su voluntad de cambio en elecciones justas, legales y, además, previstas por la aún vigente constitución que hoy se quiere desconocer con la intención de perpetuar en el poder a un sector político-militar al cual cabe el epíteto de “cúpula podrida”,  para quien la constitución y las leyes son un telón decorativo que se puede correr y descorrer a voluntad.

"Votos sí, bombas y balas no" es el clamor de un pueblo 
que exige en la calle su derecho a ser libre

    El fraude constitucional está montado, en curso y hay que desmontarlo, denunciarlo y enfrentarlo. En estos días, la población más que un maquillaje constitucional que atornille a la dictadura, exige libertad: libertad para elegir conforme a lo previsto en la Constitución; libertad para los presos y exiliados políticos; libertad para producir y trabajar sin presiones y con respeto a la propiedad; libertad para el cabal ejercicio de poderes legítimos como la Asamblea Nacional; libertad de expresión, destierro de la censura en todas sus formas... Libertad para buscar la verdad que se nos oculta o se nos enmascara, porque, al final de cuentas, sólo la verdad nos hará libres.