El hampa que nos gobierna

Discoteca Tokio y piscina en el penal de Tocorón, Aragua

Luis M. García P.

Los establecimientos penales venezolanos siempre han sido conflictivos. Los testimonios verbales, audiovisuales y escritos de esta situación son abundantes: “Retén de Catia” de Juan Sebastián Aldana, “CVN antesala del delito”, películas como “Soy un delincuente” dirigida por Clemente de la Cerda, sobre el libreto testimonial del periodista Gustavo Santander, y antes “Guasina” y “Se llamaba SN” de José Vicente Abreu son apenas algunas muestras de una abundante literatura carcelaria que da cuenta de las deprimentes condiciones de vida que prevalecen en nuestros centros penitenciarios.

Por supuesto que los episodios de violencia en el interior de los penales tampoco son una novedad, como el consumo y tráfico de drogas y el pago por algunos privilegios para poder sobrevivir en esos auténticos antros que son los centros que deberían servir para la reeducación e inserción social de los penados.

Con la aprobación en 1999 del Código Orgánico Procesal Penal en su versión original se abrió una esperanza para quienes tienen la desgracia de verse involucrados en una causa de este tipo. Con el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio se estableció también el principio del juicio en libertad como regla; y de la privación de libertad como excepción, desde luego en el marco del debido proceso en el cual debe considerarse siempre la presunción de inocencia de cada encauzado.

No obstante, esta posibilidad se perdió en el tiempo por muchas razones. En principio, por las múltiples e incoherentes reformas hechas al COPP que lo han convertido en una colcha de retazos jurídica, desvirtuando su intención inicial. Con las reformas la prisión parece ser la regla mientras que el juicio en libertad es ya una muy escasa curiosidad. Consecuencia: el crecimiento exponencial de la población penal y el deterioro de las condiciones de permanencia en las cárceles.

A esto, ya bastante grave, hay que sumarle el virtual desmantelamiento del Poder Judicial en virtud de las sucesivas intervenciones de jueces y tribunales, desde la que encabezó el tristemente célebre Luis Velásquez Alvaray, con las cuales se jubilaron o destituyeron a más de dos mil jueces penales para sustituirlos por jueces provisorios, de quita y pon, que son útiles a objetivos políticos o personales de quienes les proveen tales cargos interinos o fijos, como los asignados en diciembre de 2015 a un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es tema para más y mayores consideraciones.

Presos muestran su poder de fuego en cárcel de San Antonio, Margarita

Si a estos elementos le agregamos el descuido del Estado por vía de todos sus poderes, de la situación intramuros en los penales, se explica el por qué la cosa ha llegado a estos extremos en los cuales se evidencia la pérdida del control del régimen penitenciario por parte del gobierno. Este control, en la Venezuela socialista se ha privatizado y los “empresarios” a cargo son los “pranes” y sus “carros”, como ha quedado demostrado en los casos en curso del penal margariteño de San Antonio, ahora en trance de desalojo; el insólito ejemplo de Tocorón, centro de venta ilegal de cuanto objeto o artículo proveniente del delito puede adquirirse allí, sin control alguno, y anteriormente los episodios de El Rodeo I y II. Que originaron, hace ya más de 5 años, la creación del flamante Ministerio de Asuntos Penitenciarios, despacho desde el cual se cacarea una retórica humanización penitenciaria que no ha detenido los cotidianos motines, algunos con empleo de granadas, entre otras cosas.

En estos días, envueltos como estamos en la crisis humanitaria que supone la severa escasez de alimentos y medicinas, se habla poco de las llamadas “Zonas de Paz” creación nada original que cedió a la delincuencia organizada vastos sectores del país en los cuales la intervención de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y otras policías está prohibida por disposición de las autoridades que deberían promover el control y resguardo de la seguridad personal y de los bienes, pero que han transferido estas tareas, asignadas de forma exclusiva al Estado, a grupos paramilitares armados que siembran el terror entre la población pacífica y laboriosa.

Entretanto, se anuncian planes y se cambian ministros del Interior al mismo ritmo que fracasan los operativos que, como las llamadas OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), no han disminuido un ápice la criminalidad y sí han generado numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de personas sin prontuario delictivo alguno y cuyas familias refieren que han sido ajusticiados, aún siendo ajenos al hampa.

Una muestra palmaria de la ineficacia de estas OLP es la experiencia de la Cota 905 en Caracas, zona a donde llevan vehículos robados para “enfriarlos” y a pesar de hallarse allí la Comandancia de Policaracas, los efectivos policiales han debido retroceder, una y otra vez, ante la agresividad, organización y poder de fuego de las bandas delictivas del sector 

Esta irregular situación de gobierno del hampa se evidencia además en los Valles del Tuy, Barlovento, Aragua y Guárico, amén de zonas de Carabobo e incluso Caracas, donde en sectores como la Parroquia 23 de Enero, la población vive aterrada por la omnipresencia de los diversos colectivos armados que, a cuadras de Miraflores, imponen su ley sin contrapeso alguno.

Las ejecutorias de los cuerpos de seguridad parecen orientarse, de manera preferente, a la represión de actividades políticas. Es frecuente observar a gruesos contingentes policiales y militares desplegados en las más importantes vías del país cada vez que los sectores de la sociedad civil, los estudiantes o los partidos políticos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática, realizan cualquier actividad de calle. Es esta la ocasión para pasar revista al flamante parque de escudos, gases lacrimógenos y armas largas y cortas, que no se exhiben con igual despliegue en las numerosas comunidades populares atemorizadas por la delincuencia “con el moño suelto” como años atrás la describiera un diario capitalino constituido ahora en vocero oficioso del gobierno 

Policía y militares, eficaces reprimiendo a ciudadanos desarmados

Otro elemento integrado al paisaje de la represión política son los llamados “colectivos”, nombre genérico con el cual el gobierno designa igualmente a un grupo cultural que a las bandas armadas paramilitares y delincuenciales que con la anuencia de las autoridades, o al menos ante su marcada indiferencia e inacción, agreden a ciudadanos desarmados cuya actividad se remite al porte de una bandera y al ejercicio legal y legítimo de la protesta cívica. Ante esta gente desarmada e indefensa sí son guapos los militares, policías y malandros que frecuentemente disuelven las protestas opositoras.

Ante la imposibilidad de ocultar estos desafueros represivos, porque hoy por hoy hay en las calles cientos de miles de reporteros ciudadanos, el gobierno prohíbe el sobrevuelo de helicópteros y el empleo de drones para grabar las incidencias de las marchas. Se quiere herir sin dejar huella, reprimir sin que el mundo se entere, torturar en las sombras, decretar el estado general de sospecha y espiar a todo el que sea o parezca disidente del actual estado de cosas, y para ello emplean inescrupulosamente al SEBIN, a la DIM, etc. Mientras tanto, en los barrios, en los cerros y en las calles, carreteras y avenidas del país el hampa hace fiesta ante la indiferencia cómplice o la incapacidad de las autoridades.

No es ninguna novedad aseverar que el hampa está mejor armada y equipada que los organismos de seguridad del Estado ¿Y quién les provee de ese arsenal? No lo sabemos, pero en Venezuela quien fabrica armas y proyectiles es la C.A. Venezolana de Industrias Militares CAVIM y es el Estado quien tiene la exclusividad de importación de las armas que aquí no se fabrican. ¿Entonces? Al menos da qué pensar.

La suspicacia crece cuando se conocen uno a uno, tantos que se van olvidando, los episodios de alta violencia intracarcelaria; desde las ya lejanas masacres de El Rodeo I y II hasta las recientes con granadas en la PGV de Guárico, los atentados a las comisarías en Maracay y en Petare, o el secuestro en la Policía del Táchira y las cotidianas reyertas por el control de la droga, las armas y la “vacuna” en los penales mientras toda la fuerza y la crueldad de un régimen despiadado se ensaña contra estudiantes, luchadores sociales, usuarios de las redes informáticas y otros que cayeron en la lista de los presos políticos, cuyos nombres, pasan a integrar el libro negro -o rojo- de víctimas de la represión de un régimen que entregó las armas y cedió la soberanía al hampa como recurso para conservar el poder aún a costa de la vida, la convivencia y la paz de los ciudadanos.