¿Licencia para matar?

Luis M. García P.

Cuando a mediados del Siglo XX Ian Fleming creó su legendario personaje: James Bond, el agente secreto 007, superespía al servicio de su majestad británica, probablemente no sospechó el impacto y la vigencia que tendría la expresión que caracteriza al 007: “con licencia para matar”.

Esta consigna, sembrada en la literatura de espionaje y en el cine, se ha trasladado como reguero de pólvora por los cuatro puntos cardinales del mundo y, desgraciadamente, Venezuela no ha quedado exenta de esta práctica que, bajo la aparente indiferencia del Estado, si no complicidad, se ha posesionado en la práctica de quienes por el contrario, tienen el imperativo de cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos: los organismos de seguridad pública.

La historia reciente da cuenta de no pocas ejecuciones atribuidas a funcionarios policiales y militares en nuestro país. Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, registran con alarma cómo se vienen sucediendo atropellos de toda índole a ciudadanos, con o sin prontuario delictivo, amén de las cuantiosas muertes atribuidas a “enfrentamientos” o la llamada “resistencia a la autoridad”, término cuya definición es tan elástica que puede asociarse a un desacato a la voz de alto (por no haberla escuchado, por ejemplo) lo cual puede y le ha costado la vida a honestos ciudadanos que, despreocupadamente, se dirigían a sus hogares o centros de trabajo.

Nuestra memoria, frágil ante la enorme sucesión de eventos de este tipo, apenas recuerda ahora el homicidio de los hermanos Fadull y su chofer, a manos de agentes policiales. También recordamos el múltiple crimen de los jóvenes estudiantes de la Universidad “Santa María” ocurrido en Las Adjuntas.

Alcanzamos a memorizar los alevosos homicidios de los soldados en Fuerte Mara, en el Zulia y el ajusticiamiento de jóvenes en un hotel de Barquisimeto, perpetrado presuntamente por agentes del CICPC, todo ello sazonado, macabramente, por los frecuentes crímenes que se suceden en los penales venezolanos y que, las más de las veces, concluyen sin establecer responsables.

Por supuesto, los casos de denuncias de participación de agentes policiales, uniformados o no, en homicidios, ocupan una extensa lista que aquí no podemos describir. Sólo nos limitamos a reseñar, por ejemplo a una familia del Estado Aragua, la cual ha perdido a siete de sus miembros asesinados, según su denuncia, por agentes de la policía regional.

Conmueve aún la memoria de la tragedia no aclarada a la opinión pública hasta ahora en la cual tres jóvenes fueron detenidos en la División de Capturas del CICPC de El Rosal y fallecieron, según el parte policial “por sofocación”, mayor cinismo imposible. Este horrendo episodio nos hace recordar el tema de Rubén Blades: “Camilo Manrique” que alude a la muerte “natural” de un esclavo cimarrón: “claro, después de una tunda de palo que se muera es normal”, dice el tema.

En el caso de los tres jóvenes de El Rosal, se evidenciaron claramente signos de tortura y la razón del deceso expuesta: edema cerebral, no exculpa en modo alguno a los funcionarios, ya que no es difícil suponer que si alguien recibe golpes en el cráneo, y además es ahogado colocándole bolsas plásticas con insecticida sobre su rostro (como lo denunciaron familiares de los jóvenes), pueda entonces producirse un cuadro que conduzca al deceso de los detenidos.

Otro aspecto a considerar es el intento de minimizar las torturas y trato degradante al señalar que “los golpes recibidos no ocasionaron las muertes” ¿Y entonces la policía nos puede torturar en tanto no se les vaya la mano y nos mate?

Alguien dirá que estas cosas han ocurrido siempre, y algo de razón tiene, pero la cantidad y la cuantía con la que suceden en estos días es por decir lo menos impresionante. Y lo más preocupante es que no se advierte ninguna medida ni anuncio serio que intente ponerle coto a este baño de sangre tolerado por el Estado.

Durante los últimos meses el gobierno nacional, por vía del Ministerio de Relaciones Interiores y por la acción combinada de las policías y los componentes militares ha desarrollado las llamadas Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, las cuales vienen arrojando, en cada incursión una estela de ajusticiados y numerosos detenidos que, las más de las veces ni siquiera tienen antecedentes policiales, sin que hasta ahora estas acciones puedan dar cuenta de una verdadera reducción del delito y la criminalidad en los sectores donde se activa.

Despliegue de la OLP en un barrio de Caracas (Foto: Diario El Nacional)

Estos operativos, cuyos antecedentes más inmediatos datan del llamado “Plan Unión”, instrumentado en gobiernos anteriores, como entonces han estado caracterizados por los abusos policiales y han generado las denuncias de las ONG de Derechos Humanos y de los familiares de las numerosas víctimas que caen, muchas de ellas por los frecuentes errores y excesos de los cuerpos armados.

Con el paso del tiempo, cada crimen, cada tortura, cada abuso de autoridad, desaparecen de la memoria colectiva mientras que los pocos expedientes instruídos a los funcionarios responsables de esos delitos, se archivan o se esfuman en medio de la vorágine de episodios en los cuales la violencia criminal, tanto del hampa desatada, como la de un Estado sin controles, sigue sumando víctimas inocentes en medio de una impunidad más dolosa aún.

¿Por qué tanta tolerancia?, ¿por qué el Ejecutivo Nacional, en lugar de destinar tantos recursos para armar a unos componentes militares que no tienen una guerra a la vista no fortalecen a las policías regionales a las cuales ha desarmado, a la vez que ha desprofesionalizado a cuerpos como el CICPC? Y otra interrogante: ¿por qué se ha armado indiscriminadamente a grupos de civiles si la administración de la violencia legítima sólo corresponde a los órganos del Estado?

En este contexto, todos los anuncios referidos a la adopción de una política de desarme se estrellan contra una realidad que reporta semanalmente cientos de homicidios en todo el país mientras que los más altos funcionarios del gobierno, políticamente responsables de la situación, se limitan a buscar excusas, a tender cortinas de humo para desviar la atención y a producir acuerdos que no contribuyen en nada a disminuir los pavorosos niveles de inseguridad que afectan al ciudadano común, a usted y a mí, que no tenemos escoltas ni nos desplazamos en caravanas con “moscas” y autos blindados. Por supuesto, para estos superprotegidos no hay inseguridad y por ello no les importa el resto del país.

Cada inicio de semana, los medios de comunicación independientes que van quedando, superando los cada vez mayores escollos a su trabajo informativo, dan cuenta del parte de guerra que, en tiempo de “paz” sufre Venezuela, con más de cien seres humanos fallecidos a consecuencia de la violencia homicida que diezma a hombres, mujeres y niños en barrios y urbanizaciones, de día y de noche, haciendo de esta nación un campo minado en el cual a la vuelta de una esquina, en el transporte público o hasta en el propio domicilio, acecha la delincuencia dispuesta a matarte por un celular, unos zapatos de marca, una suma de dinero, o, simplemente por no tener nada de eso.

Y ahora… ¿quién podrá defendernos?, ¿el CICPC, la PNB, la Guardia Nacional?… Hoy por hoy estos cuerpos, con licencia para matar, generan más temor que respeto y episodios como los ya conocidos lo explican. Alguno dirá que hay que encomendarse a Dios y a los santos para que éstos nos cuiden, pero ni siquiera quieren darnos ese chance. En previsión de esto, también a los santos, o al menos a sus íconos, los balacean, los mutilan, los decapitan, y en síntesis, los profanan. Por supuesto, tales actos cobardes y vandálicos no harán mella en la fe de la gente, pero resulta sospechoso que se pretenda distraer al país con estos sacrilegios para tratar de encubrir una realidad que día a día, hora a hora, amenaza a los venezolanos de este tiempo mientras que, quienes tienen la responsabilidad y la obligación de protegernos se rumbean el país creyendo que es de ellos y mostrando el mayor desprecio por el humanismo y por la gente a la que dicen representar.

El hampa que nos gobierna

Discoteca Tokio y piscina en el penal de Tocorón, Aragua

Luis M. García P.

Los establecimientos penales venezolanos siempre han sido conflictivos. Los testimonios verbales, audiovisuales y escritos de esta situación son abundantes: “Retén de Catia” de Juan Sebastián Aldana, “CVN antesala del delito”, películas como “Soy un delincuente” dirigida por Clemente de la Cerda, sobre el libreto testimonial del periodista Gustavo Santander, y antes “Guasina” y “Se llamaba SN” de José Vicente Abreu son apenas algunas muestras de una abundante literatura carcelaria que da cuenta de las deprimentes condiciones de vida que prevalecen en nuestros centros penitenciarios.

Por supuesto que los episodios de violencia en el interior de los penales tampoco son una novedad, como el consumo y tráfico de drogas y el pago por algunos privilegios para poder sobrevivir en esos auténticos antros que son los centros que deberían servir para la reeducación e inserción social de los penados.

Con la aprobación en 1999 del Código Orgánico Procesal Penal en su versión original se abrió una esperanza para quienes tienen la desgracia de verse involucrados en una causa de este tipo. Con el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio se estableció también el principio del juicio en libertad como regla; y de la privación de libertad como excepción, desde luego en el marco del debido proceso en el cual debe considerarse siempre la presunción de inocencia de cada encauzado.

No obstante, esta posibilidad se perdió en el tiempo por muchas razones. En principio, por las múltiples e incoherentes reformas hechas al COPP que lo han convertido en una colcha de retazos jurídica, desvirtuando su intención inicial. Con las reformas la prisión parece ser la regla mientras que el juicio en libertad es ya una muy escasa curiosidad. Consecuencia: el crecimiento exponencial de la población penal y el deterioro de las condiciones de permanencia en las cárceles.

A esto, ya bastante grave, hay que sumarle el virtual desmantelamiento del Poder Judicial en virtud de las sucesivas intervenciones de jueces y tribunales, desde la que encabezó el tristemente célebre Luis Velásquez Alvaray, con las cuales se jubilaron o destituyeron a más de dos mil jueces penales para sustituirlos por jueces provisorios, de quita y pon, que son útiles a objetivos políticos o personales de quienes les proveen tales cargos interinos o fijos, como los asignados en diciembre de 2015 a un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es tema para más y mayores consideraciones.

Presos muestran su poder de fuego en cárcel de San Antonio, Margarita

Si a estos elementos le agregamos el descuido del Estado por vía de todos sus poderes, de la situación intramuros en los penales, se explica el por qué la cosa ha llegado a estos extremos en los cuales se evidencia la pérdida del control del régimen penitenciario por parte del gobierno. Este control, en la Venezuela socialista se ha privatizado y los “empresarios” a cargo son los “pranes” y sus “carros”, como ha quedado demostrado en los casos en curso del penal margariteño de San Antonio, ahora en trance de desalojo; el insólito ejemplo de Tocorón, centro de venta ilegal de cuanto objeto o artículo proveniente del delito puede adquirirse allí, sin control alguno, y anteriormente los episodios de El Rodeo I y II. Que originaron, hace ya más de 5 años, la creación del flamante Ministerio de Asuntos Penitenciarios, despacho desde el cual se cacarea una retórica humanización penitenciaria que no ha detenido los cotidianos motines, algunos con empleo de granadas, entre otras cosas.

En estos días, envueltos como estamos en la crisis humanitaria que supone la severa escasez de alimentos y medicinas, se habla poco de las llamadas “Zonas de Paz” creación nada original que cedió a la delincuencia organizada vastos sectores del país en los cuales la intervención de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y otras policías está prohibida por disposición de las autoridades que deberían promover el control y resguardo de la seguridad personal y de los bienes, pero que han transferido estas tareas, asignadas de forma exclusiva al Estado, a grupos paramilitares armados que siembran el terror entre la población pacífica y laboriosa.

Entretanto, se anuncian planes y se cambian ministros del Interior al mismo ritmo que fracasan los operativos que, como las llamadas OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo), no han disminuido un ápice la criminalidad y sí han generado numerosas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales de personas sin prontuario delictivo alguno y cuyas familias refieren que han sido ajusticiados, aún siendo ajenos al hampa.

Una muestra palmaria de la ineficacia de estas OLP es la experiencia de la Cota 905 en Caracas, zona a donde llevan vehículos robados para “enfriarlos” y a pesar de hallarse allí la Comandancia de Policaracas, los efectivos policiales han debido retroceder, una y otra vez, ante la agresividad, organización y poder de fuego de las bandas delictivas del sector 

Esta irregular situación de gobierno del hampa se evidencia además en los Valles del Tuy, Barlovento, Aragua y Guárico, amén de zonas de Carabobo e incluso Caracas, donde en sectores como la Parroquia 23 de Enero, la población vive aterrada por la omnipresencia de los diversos colectivos armados que, a cuadras de Miraflores, imponen su ley sin contrapeso alguno.

Las ejecutorias de los cuerpos de seguridad parecen orientarse, de manera preferente, a la represión de actividades políticas. Es frecuente observar a gruesos contingentes policiales y militares desplegados en las más importantes vías del país cada vez que los sectores de la sociedad civil, los estudiantes o los partidos políticos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática, realizan cualquier actividad de calle. Es esta la ocasión para pasar revista al flamante parque de escudos, gases lacrimógenos y armas largas y cortas, que no se exhiben con igual despliegue en las numerosas comunidades populares atemorizadas por la delincuencia “con el moño suelto” como años atrás la describiera un diario capitalino constituido ahora en vocero oficioso del gobierno 

Policía y militares, eficaces reprimiendo a ciudadanos desarmados

Otro elemento integrado al paisaje de la represión política son los llamados “colectivos”, nombre genérico con el cual el gobierno designa igualmente a un grupo cultural que a las bandas armadas paramilitares y delincuenciales que con la anuencia de las autoridades, o al menos ante su marcada indiferencia e inacción, agreden a ciudadanos desarmados cuya actividad se remite al porte de una bandera y al ejercicio legal y legítimo de la protesta cívica. Ante esta gente desarmada e indefensa sí son guapos los militares, policías y malandros que frecuentemente disuelven las protestas opositoras.

Ante la imposibilidad de ocultar estos desafueros represivos, porque hoy por hoy hay en las calles cientos de miles de reporteros ciudadanos, el gobierno prohíbe el sobrevuelo de helicópteros y el empleo de drones para grabar las incidencias de las marchas. Se quiere herir sin dejar huella, reprimir sin que el mundo se entere, torturar en las sombras, decretar el estado general de sospecha y espiar a todo el que sea o parezca disidente del actual estado de cosas, y para ello emplean inescrupulosamente al SEBIN, a la DIM, etc. Mientras tanto, en los barrios, en los cerros y en las calles, carreteras y avenidas del país el hampa hace fiesta ante la indiferencia cómplice o la incapacidad de las autoridades.

No es ninguna novedad aseverar que el hampa está mejor armada y equipada que los organismos de seguridad del Estado ¿Y quién les provee de ese arsenal? No lo sabemos, pero en Venezuela quien fabrica armas y proyectiles es la C.A. Venezolana de Industrias Militares CAVIM y es el Estado quien tiene la exclusividad de importación de las armas que aquí no se fabrican. ¿Entonces? Al menos da qué pensar.

La suspicacia crece cuando se conocen uno a uno, tantos que se van olvidando, los episodios de alta violencia intracarcelaria; desde las ya lejanas masacres de El Rodeo I y II hasta las recientes con granadas en la PGV de Guárico, los atentados a las comisarías en Maracay y en Petare, o el secuestro en la Policía del Táchira y las cotidianas reyertas por el control de la droga, las armas y la “vacuna” en los penales mientras toda la fuerza y la crueldad de un régimen despiadado se ensaña contra estudiantes, luchadores sociales, usuarios de las redes informáticas y otros que cayeron en la lista de los presos políticos, cuyos nombres, pasan a integrar el libro negro -o rojo- de víctimas de la represión de un régimen que entregó las armas y cedió la soberanía al hampa como recurso para conservar el poder aún a costa de la vida, la convivencia y la paz de los ciudadanos.

Mami, yo quiero ser un pran

Luis M. García P.

La cada vez más grave agudización de la crisis carcelaria nacional, con todas sus abominables aristas, ha puesto de manifiesto ante el país un conjunto de complejas situaciones que, aunque no eran secretas, pasaban por debajo de la mesa ante una sociedad que se tornaba indiferente, entre otras cosas por el cuantioso cúmulo de problemas y por la severa crisis política e institucional por la cual atravesamos los venezolanos.

La delicada situación de los penales nacionales viene mostrando sus síntomas alarmantes desde hace muchos años, al punto de que aún se recuerda la horrible masacre ocurrida en los años 90 en el Retén de Catia, al cual pidió ir el Papa Juan Pablo II en su segunda y última visita al país y por lo que el gobierno de entonces, presidido por Rafael Caldera, decidió implosionar ese recinto, que se había convertido en emblema de la ignominia carcelaria. Con ello, se pretendió significar el posible cambio de rumbo de la política penitenciaria en el país, cambio que, sin embargo, no llegó nunca.

Por el contrario, a pesar de los reiterados anuncios durante el presente gobierno de “humanización carcelaria” y del inútil maquillaje eufemístico que cambió el nombre de los presos por el de “privados de libertad”, la vida intracarcerlaria ha venido haciéndose más difícil, más riesgosa, más cara… en síntesis, más insoportable.

Hace más de cinco años, el extinto presidente Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios y designó al frente del despacho a la controversial e intemperante Iris Varela, en un intento por desvincular la política carcelaria de la gestión de seguridad y orden público, sin que ni por asomo ello contribuyera a la disminución de los problemas en ambas áreas.

La gestión penitenciaria se ha mostrado impotente para imponer el control interno del Estado sobre los penales y como único remedio se ha optado por cerrar varios establecimientos carcelarios como La Planta en Caracas; Sabaneta en Maracaibo; y ahora se anuncia el cierre de San Antonio en Margarita, con lo cual sólo se agrava el problema del hacinamiento que, además de las cárceles, satura los centros de detención preventiva ubicados en las comisarías policiales, generando episodios traumáticos como el ocurrido en San Cristóbal en el comando de Politáchira con el secuestro de funcionarios y visitantes por parte de los reclusos allí detenidos.

La Penitenciaría General de Venezuela, Tocuyito, Tocorón, Uribana, Vista Hermosa, Puente Ayala, Santa Ana, Yare I, II y III y por supuesto El Rodeo I y II son puntos que hemos aprendido a localizar en el sangriento mapa del crimen, del motín carcelario y de las ejecuciones extrajudiciales sin responsables a la vista, del cobro por el derecho a la vida y de la indiferencia cómplice de las más altas autoridades del Estado.

Es un lugar común ratificar que nuestros establecimientos carcelarios son universidades del delito. Desde estos centros de reclusión se planifican y ordenan secuestros, extorsiones, atracos, cobro de primas de protección o “vacuna” al mejor estilo de la mafia siciliana, aparte del cobro de la llamada “causa” a los presos de menor rango, para garantizar su sobrevivencia. 

Recientemente, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley de régimen penitensioario que prohíbe, entre otras cosas, el empleo de telefonía celular y redes sociales por parte de los privados de libertad. A pesar de ello, el despacho del ramo ha diferido el cumplimiento de esa norma, anunciando su instrumentación con posterioridad, aunque no se dice para cuándo.

Una sorpresa que ha experimentado la opinión pública durante una de las crisis recurrentes en curso de la administración Varela, ha sido la aparición de un arsenal de armas de todo calibre en la cárcel de San Antonio, en la Isla de Margarita, a raíz de la muerte del “líder negativo” conocido por el alias de “El Conejo”, donde se grabó un video que muestra, de manera elocuente, el poder de fuego que sin rubor alguno exhibe el hampa, con armas que, en manos de las fuerzas del orden, bien podrían estar batiéndose contra la guerrilla en la frontera, o los paramilitares, o contra el hampa que pulula por todas partes.

Pero no. Esos rifles, fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas de alta potencia, granadas y un completo parque de proyectiles estaban en San Antonio, en el Estado Nueva Esparta, pero también se han encontrado en El Rodeo I y II, amén de una cuantiosa cantidad de droga. Todavía falta saber qué armamento hay en el resto de los penales del país, que, a juzgar por lo que se ha dicho y por lo visto antes, pudiera incluir cualquier armamento que nos imaginemos. Todo esto negado, aunque no desconocido, por las autoridades.

La opinión pública desprevenida ha visto descorrerse ante sus ojos un submundo intracarcelario donde toda presencia del Estado es nula y existe una institucionalidad sui géneris con una división del trabajo también muy particular y unos niveles de organización que les han permitido controlar los penales e imponer un ritmo de vida distinto al que podríamos imaginarnos.

Cual colmena de abejas, la cárcel tiene su reina: el pran, jefe máximo de cada cárcel o de cada sector de ella (de allí los enfrentamientos entre áreas y sectores de los penales). Este pran tiene un séquito de zánganos, es decir, los segundos y cobradores, quienes hacen el trabajo sucio de cobrar: en efectivo, en “especies” o en vidas, a aquellos que no se “bajan de la mula”. El pran dispone, acumula, ordena y negocia con los “directores” de las cárceles el modus vivendi en cada establecimiento penitenciario. Él mismo decide el precio de cada arancel a cobrar. La visita, los traslados, la ubicación para dormir y hasta el acceso a los artículos de aseo pagan un impuesto al pran a cambio de “protección”. Si no pagas eres enemigo y puedes salir mucho antes de la cárcel; dentro de un cajón.

A raíz de esta crisis, algunos medios privados que por su línea editorial parecieran estatales, han dado gran despliegue a la presencia de estos monarcas carcelarios, atribuyéndoles un protagonismo que destaca su poder, su control y su liderazgo. En otras palabras, no sé si conciente o inconcientemente, estos medios han hecho una suerte de apología del delincuente, proponiéndolos casi como hombres arrojados, de éxito y casi como modelos a seguir. Esto ante un público modesto en educación y recursos económicos, carente de referentes positivos y necesitado de la protección que no le garantiza el Estado.

Penal de Tocorón, estado Aragua (Foto: Diario El Aragüeño)

Un ejemplo digno de Ripley es el que se muestra en el penal aragüeño de Tocorón, donde en aparente simbiosis, presidiarios, guardias penitenciarios y efectivos militares, participan en un original modelo de administración donde el público acude a comprar, dentro de la cárcel, productos alimenticios regulados, artículos de tocador y diversos enseres que no se encuentran con facilidad en los expendios formales. Muchos de estos productos, se ha dicho, provienen de los frecuentes asaltos o saqueos a transportes que luego de desvalijados, no tienen instancias a las cuales acudir para sus reclamos. 

En el penal de Tocorón puede observarse un esquema de emprendimiento digno de mejor causa; además, el pranato y su séquito disponen de servicios como discoteca, piscina, vende-paga, cajero automático etc. y todo a la vista de quien desee ir a comprar allí. Incluso algunos medios de comunicación han desplegado investigaciones al respecto, todo lo cual se ha estrellado contra el silencio cómplice de las autoridades.  

Quien conozca desde dentro la vida en los sectores marginales, sabe que en estos sitios, salvo excepciones, que siempre las hay, las jóvenes más atractivas tienen como pareja a los malandros del barrio, a quienes armados hasta los dientes las protegen y pueden cobrar hasta con la vida a aquel que tenga la osadía de molestarlas y hasta cortejarlas.

A finales de los años 70, un joven delincuente al que apodaron “El Puy” obtuvo una relativa celebridad por la cantidad de delitos violentos que cometía y por la habilidad que mostraba para evadir a las autoridades. En ese sector de Caracas todos temían a “El Puy”. Sin embargo, en un colegio de la zona sorprendía escuchar discutir a varios niños en el recreo cuando decían: “Yo soy “El Puy” y a otro: “No, El Puy soy yo”, cual si jugaran a ser Supermán, Batman u otro héroe de comiquitas.

He recordado este episodio que me marcó porque imagino a los niños de hoy, en esa misma escuela de cerro, de barrio, de pobreza atroz en sus juegos infantiles: “Yo soy el pran”, y la respuesta: “No, el pran soy yo y tú eres el lucero” o “yo soy el jefe del carro”, y así, estos antihéroes, insuflados por la irresponsabilidad o la idea de desviar la atención de lo esencial, modelan la conducta y los juegos de unos niños que siguen creciendo excluídos y hambrientos, sin atención y sin ley, con la sola esperanza de una potente arma de fuego que los convierta en los pranes del barrio.

   

Que Dios nos agarre confesados.