Mientras
el Ministro Luis Motta Domínguez denuncia múltiples sabotajes, algunos
atribuidos a iguanas y otras especies, el descenso de los embalses compromete,
además del servicio eléctrico, la salud de la mayoría de la población.
Luis M. García P.
Como continuación del texto anterior, referido a la
calidad del agua potable que consumimos los venezolanos desde hace ya algunos
años, mostramos una panorámica de las regiones y sus circunstancias
particulares y sugerimos algunas medidas profilácticas que, si bien no conjuran
totalmente los riesgos, ayudan a disminuir los efectos que provoca la continua
ingesta de un agua cuya pureza está en entredicho.
Una crisis generalizada
En el
Zulia la contaminación y salinización del lago, aunada a la presencia de la
bora y la lenna, han comprometido al principal reservorio de agua dulce de la
región occidental del país. A ello se suman los sucesivos derrames petroleros
en ese humedal, lo cual afecta la biodiversidad lacustre y, en especial la
pesca y otras actividades económicas derivadas de la explotación sostenible del
ecosistema. Sin embargo, la puesta en servicio de una nueva planta de
tratamiento en el Zulia ha venido favoreciendo la mejor distribución del vital
líquido, al menos en la metrópolis marabina.
En la región Guayana, según
denuncia la exdiputada y activista del Movimiento Ecológico Venezolano, Pastora
Medina, no hay una planta potabilizadora de agua. Además, hace varios años que
no se realizan estudios de impacto ambiental particularmente en el Río Caroní,
afectado severamente por los derrames de fuell oil y otros combustibles.
También desde hace mucho tiempo se viene insistiendo en establecer controles a
la minería ilegal que vierte grandes cantidades de mercurio en los cauces
fluviales. No es casual –sostiene Medina- que Bolívar sea la entidad donde se
produce un alarmante repunte de enfermedades estomacales y virales,
particularmente en la población infantil.
En la región oriental la
contaminación de las aguas se agravó severamente como consecuencia del desastre
ambiental acaecido en febrero de 2012, cuando, como producto de un accidente en
el complejo petrolero de Jusepín, Estado Monagas, más de 80 mil barriles de
petróleo fueron a dar al Río Guarapiche, fuente que nutre a la planta
potabilizadora de San Vicente, o del Bajo Guarapiche, que sirve a Maturín y
casi todo Monagas. Este percance, además de generar la suspensión del servicio
en un 60 %, afectando a más de 600 mil monaguenses, provoca un severo
desequilibrio ambiental en la región, afectando el caudal de otros cauces de
agua como el Río San Juan y generando la muerte a miles de peces, lo cual
continuó ocurriendo por meses. Todo ello sin contar que el agua que llega aún
hoy a los hogares monaguenses presenta características que revelan presencia de
una sustancia aceitosa que ni las plantas de tratamiento logran eliminar del
todo.
Los nuevos anuncios
Entretanto, y en medio de la
crisis que también abarca la distribución del agua, los voceros del nuevo
Ministerio de Ecosocialismo y Agua, han rechazado la denuncia sobre “desastre
ambiental”, calificándolo como “un accidente” cuyas consecuencias están siendo
enfrentadas. En ese contexto, la empresa Petróleos de Venezuela, responsable
del complejo refinador de Jusepín, adelantó operativos de limpieza y
recolección del petróleo vertido, el cual se desplazó a razón de 40 Kms.
diarios, a lo largo de al menos 140 Kms. de cauce fluvial, constituyendo, según
diversos especialistas y medios de prensa, el desastre ambiental de mayor
magnitud en los últimos 80 años.
En tal sentido, el Presidente
Nicolás Maduro anunció la creación de la comisión presidencial para optimizar
los servicios de agua, dirigida por el Vicepresidente Ejecutivo, e integrada
por el Ministro de Ecosocialismo y Agua, y los gobernadores Adán Chávez, de Barinas;
Ramón Rodríguez Chapín, de Guárico, y Nelson Moreno, de Anzoátegui, además de
representantes del despacho de la Defensa. La citada comisión debería
instrumentar el llamado Plan Nacional del Agua y, según el anuncio, superar las
fallas en distribución y calidad del líquido, las cuales ya en 2011 afectaban
al 80 % de la población, sin que para el corriente 2016 hayan mejorado.
Entre “El Niño”, la
sequía y la falta de mantenimiento
¿Qué hacer?
El país contamina sus aguas
por los cuatro costados. De norte a sur y de oriente a occidente, los problemas
de calidad del líquido se acentúan mientras en las regiones se debate en cuanto
a las alternativas de solución a adoptar en cada caso.
En Carabobo, por
ejemplo, se plantean opciones como reorientar el trasvase hacia Aragua o sacar
el volumen excedente hacia el mar. En este marco, el Gobierno Nacional ha
anunciado la reorientación del trasvase, así como medidas accesorias de
ingeniería para apuntalar el Puente de La Cabrera, cuyas bases están
actualmente inundadas y en las cuales trabaja el Ministerio para el Transporte
Terrestre; salidas que, en todo caso, solo son paliativos al problema de fondo.
En Oriente y Guayana fluyen denuncias y planteamientos mientras que los entes
nacionales, quienes centralizan la gestión ambiental en el país, no anuncian
una política de saneamiento ambiental integral ni tampoco emprenden acciones de
fondo que resuelvan la contaminación que, hoy por hoy, presentan la mayoría de
los cuerpos de agua del territorio nacional, poniendo en riesgo la salud de
toda una población que, sin alternativas, consume a diario el lento veneno que,
silenciosamente, nos enferma sin que al parecer, haya dolientes por ello.
En este contexto, a los
ciudadanos sólo nos queda, por ahora, extremar las medidas profilácticas en
relación al filtrado y a hervir el agua que consumen nuestras familias, así
como adquirir agua mineral, la cual en muchos casos, es extraída de pozos y
manantiales y es tratada según las normas sanitarias internacionales. Todo ello
mientras se instrumentan soluciones estructurales a la situación que
actualmente atravesamos.
